La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA) expresó su preocupación frente a lo que calificó como reiteradas presiones, agravios y amenazas de juzgamiento dirigidas hacia magistrados y defensores públicos a raíz del contenido de sus decisiones y del ejercicio de sus funciones técnicas.
A través de un comunicado institucional, la entidad reafirmó que el respeto de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional constituye un mandato para quienes integran el sistema de Justicia. En ese marco, sostuvo que el control de constitucionalidad y convencionalidad forma parte del deber profesional e institucional de magistrados y defensores públicos.
ADEPRA señaló además que, en un Estado democrático, las diferencias respecto del contenido de una sentencia o de un criterio técnico deben canalizarse mediante los mecanismos y recursos previstos por la legislación.
En ese sentido, la entidad presidida por Adolfo Sánchez Alegre advirtió que el amedrentamiento, la descalificación personal o las amenazas de juicio político pueden afectar la división de poderes y desnaturalizar el debate republicano.
“La independencia es un derecho de la ciudadanía”
La asociación puso especialmente el foco en la importancia de preservar la independencia de quienes ejercen funciones jurisdiccionales y de quienes integran la Defensa Pública. Según expresó, una Justicia y una Defensa Pública condicionadas por presiones externas pierden capacidad para garantizar la protección de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En esa línea, ADEPRA sostuvo que preservar la autonomía de magistrados y defensores constituye una garantía para la imparcialidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la Justicia.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a actuar con responsabilidad institucional y reclamó el respeto irrestricto a la autonomía de las magistraturas y de la Defensa Pública.
COMUNICADO
