La Mesa de Enlace analizó en el Ministerio de Educación provincial los protocolos, la capacitación y las acciones de prevención necesarias para la aplicación del nuevo régimen. La articulación entre Justicia, educación y organismos de protección de derechos aparece como uno de los principales desafíos.
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió en la provincia de Jujuy una nueva etapa de trabajo interinstitucional, que requiere la coordinación de los distintos organismos que intervienen en las situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley penal.
En ese marco, el Ministerio de Educación de Jujuy fue sede, el jueves 17 de septiembre, de una reunión de la Mesa de Enlace sobre el Régimen Penal Juvenil, en la que participaron representantes del Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Gobernación.
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en una agenda común vinculada con protocolos de actuación, capacitación, prevención y articulación institucional, teniendo en cuenta el impacto que el nuevo régimen tendrá en distintos ámbitos de la vida de los adolescentes y, particularmente, en las comunidades educativas.
Educación, prevención y protección integral
La ministra de Educación, Daniela Teseira, encabezó la reunión y planteó la necesidad de analizar y discutir los protocolos que deberán aplicarse frente a situaciones que involucren a docentes y estudiantes en todo el territorio provincial.
La funcionaria destacó además la importancia de generar propuestas que contemplen el alcance de la nueva normativa y la cooperación necesaria entre las instituciones involucradas.
Uno de los ejes abordados fue precisamente la necesidad de que las escuelas, los docentes, los estudiantes y las familias conozcan las modificaciones introducidas por el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La prevención aparece así como una herramienta central. La implementación de la nueva normativa no se limita al ámbito judicial, sino que requiere fortalecer las políticas de acompañamiento y las estrategias de intervención temprana frente a situaciones de vulnerabilidad.
En este sentido, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, destacó la importancia de profundizar el diálogo entre los distintos actores institucionales para avanzar en una política orientada a la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
También remarcó la necesidad de fortalecer las instancias de capacitación dentro de las instituciones educativas, destinadas tanto a estudiantes y docentes como a las familias.
El rol de la Defensa Pública
La participación del Ministerio Público de la Defensa adquiere particular relevancia en este proceso, ya que el nuevo régimen plantea la necesidad de garantizar una intervención especializada y el pleno respeto de los derechos y garantías de los adolescentes durante todo el proceso.
Durante el encuentro, los representantes del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público de la Acusación coincidieron en la importancia de que las comunidades educativas conozcan el nuevo marco normativo y puedan contar con herramientas adecuadas para actuar ante situaciones que involucren a adolescentes.
La articulación entre defensores públicos, fiscales, autoridades educativas, organismos de niñez y adolescencia y las áreas responsables de los dispositivos de cuidado constituye, en este escenario, una pieza fundamental para evitar respuestas fragmentadas y favorecer intervenciones coordinadas.
Una implementación que requiere coordinación
La reunión de la Mesa de Enlace refleja que la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil representa para Jujuy un proceso que involucra a múltiples áreas del Estado.
Además de la adecuación de los procedimientos judiciales, el nuevo escenario requiere capacitación y especialización de los operadores, protocolos claros, dispositivos adecuados y políticas de prevención, especialmente en aquellos contextos donde pueden existir situaciones de vulnerabilidad.
La presencia conjunta de representantes de los ministerios públicos, Educación, Desarrollo Humano y la Secretaría de Gobernación evidencia la dimensión transversal del desafío.
El objetivo es construir criterios comunes de actuación y fortalecer los mecanismos institucionales para que la respuesta frente a adolescentes en conflicto con la ley penal contemple tanto la responsabilidad derivada del hecho investigado como la protección de sus derechos.
Una agenda que recién comienza
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil coloca a Jujuy ante un proceso de transformación que exige continuidad en el trabajo institucional.
La capacitación de docentes, estudiantes y familias, la elaboración de protocolos, la especialización de los organismos intervinientes y el fortalecimiento de las políticas de prevención serán aspectos determinantes para consolidar una respuesta adecuada.
En este escenario, la Mesa de Enlace se presenta como un espacio de articulación destinado a coordinar esfuerzos y construir una política pública integral frente a una problemática que excede al sistema judicial.
El desafío para Jujuy será avanzar en una implementación que combine responsabilidad, prevención, especialización y protección integral, garantizando que los adolescentes que atraviesen un proceso penal cuenten con las garantías correspondientes y, al mismo tiempo, con respuestas institucionales capaces de abordar las circunstancias sociales, familiares y educativas que rodean cada situación.
Participación institucional
De la reunión participaron, por el Ministerio de Educación, la ministra Daniela Teseira, el director de Despacho y Asuntos Jurídicos, Fernando Aparicio, y la asesora pedagógica ministerial, Marcela Gámez.
En representación del Ministerio Público de la Defensa, estuvieron la defensora general, Dra. María Gabriela Burgos, y el defensor general adjunto, Dr. Guido Matías Luna.
Por el Ministerio Público de la Acusación, participaron el procurador general, Dr. Alejandro Bossatti, y el procurador adjunto, Dr. Diego Chacón.
Por el Ministerio de Desarrollo Humano, estuvieron presentes la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, y el director de Dispositivos de Cuidado, Dr. Mario Vacaflor.
En representación de la Secretaría de Gobierno, participaron José María Albizo Cazón, secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel; Vanesa Robles, defensora pública contravencional; y Nancy Alancay, responsable del programa Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.
