La Defensora General Vanina Merlo dictó una Resolución que fija criterios de actuación para la Defensa Pública ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
El documento reafirma la vigencia de los principios de la Ley Provincial 2302 y establece que las intervenciones deberán priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la protección integral de sus derechos y un enfoque restaurativo.
Vigencia
- La Ley 27.801 está vigente desde el 5 de septiembre en Neuquén.
- No existe ninguna resolución judicial que suspenda su aplicación (a diferencia de Buenos Aires).
Cambio central
- Se reducirá de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, incorporando a adolescentes de 14 y 15 años.
Adecuaciones pendientes
- Procedimientos de intervención ante los nuevos casos.
- Medidas alternativas a la privación de la libertad.
- Mecanismos de seguimiento de los adolescentes.
- Garantizar que los menores en encierro estén en establecimientos especializados y separados de adultos.
Instituciones participan
- Poder Judicial
- Ministerio Público Fiscal
- Defensa Pública
- Áreas del Ejecutivo: niñez, adolescencia, educación y dispositivos de alojamiento/seguimiento.
Avances ya realizado
- Neuquén comenzó a trabajar en las adecuaciones antes de la entrada en vigencia.
- La Defensa Pública avanzó en criterios para compatibilizar el régimen nacional con el sistema provincial de protección integral.
- Articulación con Educación para garantizar la continuidad educativa de los adolescentes alcanzados.
Novedades del Decreto 875/2026 (reglamentación nacional)
- Creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil (con invitación a las provincias).
- Figura de supervisores especializados para acompañar el cumplimiento de medidas.
- Definiciones sobre capacitación de operadores, asistencia a víctimas y sanciones alternativas.
Diferencia con Buenos Aires
- Una jueza bonaerense suspendió por 60 días la ley por un hábeas corpus preventivo colectivo, cuestionando infraestructura y recursos.
- Esa resolución no alcanza a Neuquén, que debe seguir implementando la norma mientras adecua sus estructuras.
