El Poder Judicial de La Pampa desarrolló durante octubre un curso obligatorio de formación en Justicia Penal Juvenil destinado a magistrados, funcionarios, empleados, equipos técnicos y representantes de los Ministerios Públicos. La propuesta buscó fortalecer las herramientas necesarias para la implementación del nuevo régimen.
La propuesta alcanzó a integrantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, magistrados y magistradas, funcionarios, empleados e integrantes de los equipos técnicos del fuero penal.
La capacitación fue avalada por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y tuvo como principal objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para que los distintos actores del sistema de administración de justicia pudieran afrontar las particularidades del proceso penal juvenil.
La iniciativa se desarrolló en el marco de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801, que estableció un nuevo régimen penal juvenil y redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Frente a ese escenario, la provincia había adecuado su legislación mediante la Ley 3656.
Una capacitación obligatoria para los operadores judiciales
Uno de los aspectos centrales de la propuesta fue su carácter obligatorio. Los participantes debieron cumplir con el ciento por ciento de la asistencia y aprobar un cuestionario al finalizar cada módulo para acceder a la certificación.
La formación fue organizada por el Poder Judicial de La Pampa y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y se desarrolló bajo la modalidad de aula-taller virtual.
El programa estuvo compuesto por cuatro módulos de seis horas cátedra cada uno, distribuidos en encuentros sincrónicos durante los viernes y sábados de octubre.
La propuesta permitió abordar el nuevo escenario desde las diferentes funciones que intervienen en el proceso penal juvenil y puso el foco en la necesidad de contar con operadores especializados y preparados para actuar conforme a las características propias de este fuero.
Una mirada integral sobre el proceso penal juvenil
El primer módulo estuvo a cargo de Martiniano Terragni, integrante de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien abordó la defensa en juicio, el patrocinio de víctimas y los roles y funciones de los distintos actores en las diferentes instancias.
El segundo encuentro estuvo a cargo de Osvaldo Marcón, docente de la Universidad Nacional del Litoral, quien analizó la intervención de los equipos técnicos en el proceso penal juvenil, sus funciones y los principales problemas que se presentaban en la práctica.
El tercer módulo fue dictado por Federico R. Moeykens, juez penal de niñas, niños y adolescentes de Tucumán, quien abordó la actividad jurisdiccional y el rol de jueces y juezas en las distintas instancias del proceso.
El ciclo concluyó con la participación de Néstor Grimaldi, fiscal del fuero de responsabilidad penal juvenil del Departamento Judicial de San Martín, quien desarrolló los aspectos vinculados con la investigación, la acusación y los recursos.
El cierre estuvo a cargo de la jueza del Tribunal de Impugnación Penal María Antonella Marchisio, quien analizó la especificidad de la litigación en las audiencias del proceso penal juvenil y la cesura del juicio.
Formación y especialización
Entre los objetivos de la capacitación se destacó la necesidad de alcanzar una comprensión de la Justicia Penal Juvenil acorde con los estándares constitucionales y convencionales vigentes, además de fortalecer la formación y el entrenamiento de quienes intervienen en el proceso.
La iniciativa también buscó promover buenas prácticas para la implementación del nuevo régimen y establecer las bases necesarias para avanzar hacia una mayor especialización de los operadores del fuero penal juvenil.
De esta manera, el Poder Judicial de La Pampa acompañó la adecuación normativa con una instancia específica de formación destinada a quienes debían llevar adelante su aplicación concreta, con el objetivo de que la implementación del nuevo régimen estuviera acompañada por operadores judiciales capacitados y con herramientas específicas para intervenir en procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes.
