Ángela Ledesma, María Emilia Valle, Adolfo Sánchez Alegre, Gaspar Solá Usandivaras y Mario Rodrigo Morabito son algunos de los testimonios sobre la entrada en vigencia hace más de 1 mes de la Ley Penal Juvenil en todo el país y que se reunieron en Salta este mes de octubre.
El presidente de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA), Adolfo Sánchez Alegre, destacó que es “importante entender que, cuando un adolescente comete un delito, comienzan a visibilizarse muchas vulneraciones de derechos que también tiene ese joven. Detrás de una conducta delictiva puede haber violencia intrafamiliar, situaciones de abandono, niños que crecieron presenciando hechos violentos, abandono escolar o falta de acompañamiento. Esto no significa justificar el delito ni desconocer el daño que se provocó”.
En este sentido, el defensor público de Salta señaló que “la nueva legislación incorpora aspectos favorables, especialmente en materia de derechos y de medidas alternativas a la privación de la libertad. También hay cuestiones controvertidas, como la reducción de la edad de imputabilidad y los límites de las penas”.
La conferencia magistral “Las deudas de la nueva ley penal juvenil” estuvo a cargo de Ángela Ester Ledesma, jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal y profesora de Derecho Social de la UBA, quien puso en discusión uno de los aspectos que más debate genera alrededor de la nueva normativa: la edad de imputabilidad y su eventual relación con los niveles de delito. “Siempre he sido contraria a estos criterios porque realmente estoy convencida de que no tiene nada que ver la baja de la imputabilidad con el delito”, sostuvo Ledesma.
La magistrada consideró que plantear la reducción de la edad de imputabilidad como respuesta al delito forma parte de discusiones que aparecen periódicamente en materia penal. “Creo que estos son discursos políticos que pueden estar bien intencionados, entiendo que hay distintas instituciones a lo largo del tiempo”, señaló, y explicó que se trata de una lógica que también aparece en otras discusiones, como sucede en materia procesal con el encarcelamiento, donde la respuesta más sencilla puede presentarse como si una reforma legislativa pudiera modificar por sí sola una situación compleja. “Yo creo que esto para nada va a modificar la situación del delito en Argentina. Estoy convencida de que no va a haber ninguna incidencia favorable como consecuencia de la baja de la edad de imputabilidad”, afirmó.
El Asesor General del Ministerio Público Pupilar, Gaspar Solá Usandivaras, durante la apertura del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil que se desarrolla en Salta destacó la necesidad de contar con sistemas de gestión que permitan medir las vulneraciones de derechos y las problemáticas que afectan a niños y adolescentes, para lograr intervenciones oportunas del Estado. “La especialización y la prevención son claves para una respuesta eficiente en materia penal juvenil”, explico sobre los desafíos que plantea la Ley 27.801 y señaló que, más allá de las controversias que generó, “tenemos la responsabilidad de mirar hacia adelante para lograr una implementación eficiente, entendiendo que cuando un adolescente entra en conflicto con la ley penal estamos frente a una persona en desarrollo, sujeto de derechos, que debe ser abordada dentro de un sistema diferenciado y especializado, distinto del sistema penal de adultos”.
En este sentido, enfatizó que un “Régimen Penal Juvenil debe ir de la mano con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el año 2005”, y sostuvo que lograr una adecuada articulación entre ambos sistemas constituye uno de los principales desafíos.
En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar en políticas públicas preventivas acordes con las diversas problemáticas infantojuveniles que se registran en cada jurisdicción y aseveró que disponer de información sistematizada permitirá identificar las principales problemáticas, orientar las políticas preventivas y favorecer la detección temprana y la intervención oportuna del Estado y de los distintos actores sociales.
Otra de las voces centrales del encuentro fue Emilia María Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS). Valle destacó la convocatoria alcanzada por el congreso.
“Reintegrar socialmente un adolescente también es prevenir delitos, entonces, eso significa, construir seguridad y paz social”.
Emilia María Valle, jueza del Tribunal Supremo de Chaco, señaló que existe un punto de consenso respecto del modo en que debe interpretarse y aplicarse el sistema penal juvenil. “Yo creo que hay un consenso en que cualquiera sea el diseño legislativo, la interpretación y aplicación del sistema penal juvenil debe hacerse desde la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y los parámetros internacionales que rigen la materia”, afirmó la jueza quien señaló que existe un punto de consenso respecto del modo en que debe interpretarse y aplicarse el sistema penal juvenil.
“Yo creo que hay un consenso en que cualquiera sea el diseño legislativo, la interpretación y aplicación del sistema penal juvenil debe hacerse desde la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y los parámetros internacionales que rigen la materia”, afirmó.
El tercer panel del congreso: “Especialidad y nueva ley penal juvenil” contó entre sus expositores con Mario Rodrigo Morabito, juez de Responsabilidad Juvenil de Catamarca, quien además presentó su libro “Ni Tutelados ni Adultos. Análisis integral del nuevo régimen penal juvenil – Ley Nº 27.801”.
Morabito también se refirió a las estadísticas vinculadas con el delito adolescente y planteó la necesidad de discriminar esos datos según las distintas realidades provinciales. “Según las estadísticas, los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes representan apenas entre el 3% y el 4% del total de los delitos registrados en la República Argentina. Por eso, también debemos analizar cómo se distribuyen esas cifras en cada provincia y de qué manera trabajamos sobre esta problemática. Es lógico que la realidad de Buenos Aires no es la misma que la del resto de las provincias”, señaló.
Fuente: diario El Tribuno de Salta
El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, bajo el lema “La especialidad como garante de la paz social”, reunió a unas 2 mil personas.
